Ley Olimpia y Ley Ingrid: Alto a la violencia mediática

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La lucha feminista ha levantado la voz durante años y ha gritado incansablemente para exigir el respeto y el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Pese a todo el esfuerzo, aún existe una batalla que todavía no se gana, pero se ha demostrado que la victoria está cada vez más cerca. En los últimos años se logró el reconocimiento de dos leyes que debes conocer; la Ley Olimpia y la Ley Ingrid.

Ley Olimpia, un alto al ciberacoso

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 17.7 millones de personas de entre 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso, tan solo en 2019. El 53% de estas víctimas son mujeres. Este problema aqueja en mayor medida a las jóvenes.

La Ley Olimpia nació para hacer justicia a todas estas víctimas. Pero en realidad no retrata una ley, sino un conjunto de reformas dirigidas a reconocer la violencia digital, con el objetivo de sancionar penalmente a las personas que divulguen cualquier tipo de contenido que viole la privacidad de una mujer. Fue aprobada en Puebla durante 2018, aunque paulatinamente otros estados se han sumado.

¿Sabes cómo se originó esta reforma? Esta tomó el nombre de una de las tantas víctimas de violencia digital que luchó junto con otras mujeres para que este delito se tipificara. Olimpia Coral Melo Cruz puso en marcha ese movimiento en 2014 luego de que su expareja difundiera vídeos íntimos que la involucraban, en redes sociales.

Estas reformas tienen como fin proteger diversos derechos, entre los cuales se puede destacar el de la intimidad personal y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales, para proteger la integridad de las personas.

Actualmente se encuentra vigente en 17 estados de la República, en los cuales dicho delito puede ser castigado, dependiendo del lugar, desde con uno hasta con ocho años de prisión a quienes compartan contenido íntimo sin el consentimiento de las personas.

Ley Ingrid, dignidad para las víctimas

La Ley Ingrid fue aprobada en febrero de 2021, para que en la Ciudad de México se penalice con dos a seis años de cárcel, además de una multa de quinientas a mil UMAs a quienes difundan por cualquier medio, material que exponga a víctimas de feminicidio. Las penas pueden incrementar un tercio cuando la filtración exponga cadáveres o circunstancias en las que las mujeres, niñas o adolescentes hayan perdido la vida.

Esta Ley también tomó el nombre de una víctima, Ingrid Escamilla de 25 años, quien fue asesinada por su pareja dentro de su domicilio en 2020. Este caso causó indignación entre la sociedad no solo por lo acontecido, también porque las fotografías de la víctima de feminicidio fueron expuestas y difundidas en redes sociales, e incluso en algunos medios de comunicación con titulares amarillistas.

Aunque estas dos Leyes tienen un origen desolador, claman justicia para que se respete la dignidad de las mujeres y por la protección de las víctimas de violencia de género.

Gracias a la lucha feminista cada vez existe una esperanza de justicia para todas las mujeres y estas leyes son una prueba de ello.

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